La ACLU y el Consejo Estadounidense de Inmigración planean anunciar la demanda esta semana. Están calificando la nueva ley de discriminatoria e inconstitucional.
La ley convierte la inmigración ilegal en nuestro estado en un delito. Entonces, si a alguien se le negó la entrada al estado o fue deportado previamente, las autoridades estatales pueden arrestarlo.
También otorga a los jueces de Iowa el poder de deportarlos.
Los grupos que demandan al estado dicen que la ley fomenta la elaboración de perfiles raciales y estereotipos. También dicen que ejerce presión sobre las entidades encargadas de hacer cumplir la ley que ya carecen de recursos.
Los grupos están demandando para impedir que la ley entre en vigor el 1 de julio. El gobierno federal también ha amenazado con demandar.
La oficina del gobernador dice que la ley es necesaria para proteger a los habitantes de Iowa.
De qué se trata la SF 2340
Firmada por la gobernadora republicana Kym Reynolds la segunda semana de abril, la ley SF 2340 criminaliza la inmigración indocumentada en ese estado. Previo a ser promulgada, el Departamento de Policía de Des Moines publicó en sus redes sociales “preocupaciones” sobre su capacidad para hacer cumplir la medida y afirmó que la nueva ley era “un peligro” para los residentes de Iowa.
De acuerdo con el texto, que entra en vigor el 1 de julio, permitiría a las agencias locales de aplicación de la ley asumir aspectos de la aplicación de la ley federal de inmigración. Es decir, que los agentes de la policía podrán arrestar a personas que tengan probables motivos para creer que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.
Entre ese grupo de personas se incluye a quienes “previamente” se le haya negado la entrada al estado o que hayan sido deportados de Estados Unidos en el pasado.
La legislación, tal como fue redactada por la Asamblea estatal, desató preguntas que no tienen respuestas. Entre ellas, cómo sabrán los agentes de la policía para saber si a una persona previamente de le negó la entrada al estado, o si alguien fue deportado antes de volver a entrar al país y qué pasa con aquellos extranjeros que ingresaron legalmente a Estados Unidos con una visa y de quedaron más tiempo del permitido.
No es la primera en su tipo
La SF 2340 de Iowa se suma a otras legislaciones similares como la SB 4 de Texas y la SB 1718 de Florida, otros dos estados gobernados por republicanos contrarios a la política migratoria del presidente Joe Biden y afines a las políticas de ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump.
La Unión Americana de Libertades civiles (ACLU) describe la SF 2340 como “la ley antiinmigrante más extrema, discriminatoria e inconstitucionales del país”. Y asegura que el texto está basado en la Ley de Texas (SB 4) que los tribunales de justicia tienen bloqueada mientras revisan su constitucionalidad.
De acuerdo con la redacción del texto, a partir del 1 de julio se permitiría a la policía “arrestar a personas basándose en su estatus migratorio federal” y autorizaría a los jueces de Iowa “ordenar que alguien sea deportado o encarcelado antes de que tenga la oportunidad de buscar la protección humanitaria a la que tiene derecho”.
"Las autoridades policiales y los jueces estatales de Iowa encargados de implementar esta escandalosa legislación no están capacitados en leyes de inmigración y no tienen la autoridad adecuada para hacerlas cumplir”, reiteró la ACLU.
“Esta legislación fomenta y facilita la elaboración de perfiles raciales y estereotipos. Socava, no promueve, la seguridad pública. y el Estado de derecho. Consumirá recursos ya limitados de los tribunales estatales y de las fuerzas del orden. Si se promulga, esta ley causará estragos en las familias y comunidades de Iowa y amenazará a los habitantes de Iowa que son ciudadanos y no ciudadanos por igual”, agrega el grupo de derechos civoles.
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Otros argumentos del DOJ
En la carta enviada por Boynton también se lee que la SF 2340 crea “efectivamente un plan de inmigración estatal separado", que "se entromete en un campo que está ocupado por el gobierno federal y tiene prioridad".
Cabe señalar que, en junio de 2023, cuando la Corte Suprema falló sobre las prioridades de deportación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), precisó que la ley federal sólo puede ser enforzada (ejecutada y/o aplicada) por el gobierno federal estadounidense y no por los estados.
Varios estados gobernados por republicanos demandaron la política de Biden de priorizar la deportación de extranjeros criminales y trataron de obligar a la Corte Suprema de revertir esa decisión para poner la atención en todos los extranjeros indocumentados que viven en el país.
Boynton también señala en la misiva que la SF 2340 viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y entra en conflicto "con varias disposiciones de la ley federal que permiten a los no ciudadanos buscar protección contra la expulsión para evitar persecución o tortura".
La gobernadora Reynolds ha dicho que Iowa necesitaba la SF 2340 debido al pobre historial de inmigración del gobierno de Biden, un argumento que se repite en otros estados gobernados por republicanos, como Texas y Florida.
El fiscal general afirmó en un comunicado que "Iowa no dará marcha atrás”, según reporta el DesMoines Register
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